jueves, 10 de octubre de 2013

Dignidad y trabajo.

Veo cómo el problema del paro crece. En Jerez se ha duplicado en muy pocos años, pasando a más de 30.000 personas, más las que ya se han ido fuera a buscar trabajo, trabajo mal pagado a miles de kilómetros. Compruebo cómo la escuela pública y la sanidad pública sufren el impacto de duras políticas antisociales, las cuales, bajo la excusa del ahorro y la austeridad, ingresan con descaro en las cajas fuertes de los bancos los recursos económicos de todos y todas. Esta es una sucia estrategia para imponer una deuda pública inmensa, impagable y duradera. Veo cómo en Jerez aumenta la tensión social, a pesar de que el gobierno local esté logrando, muy apuradamente, aparentar que hay indicios de recuperación (aún no se sabe recuperación de quién). Los gritos de desesperación colectiva de la mitad de la población, o más, se intentan taponar a base de reactivar rancios rituales colectivos que buscan una hueca catarsis de resignación y obligan a mirar al pasado más anacrónico para desviar la atención de un presente escalofriante. A duras penas, como en un callejón sin salida, la ciudad contiene el aliento. La quiebra económica del Ayuntamiento -dirigida por la banca privada- marca el ritmo de la desnortada vida cotidiana. La política se reduce a un reparto del botín entre los bancos, quienes dictan, golpe a golpe, lo que hay que hacer en todo momento.

En todo el país, a las personas críticas se las tacha de insolidarias o antisistema. El ataque político a los sindicalistas se orquesta desde foros más que conocidos, foros que buscan, por ejemplo, arrasar con los convenios laborales. Los pensionistas, los estudiantes, los parados, las personas dependientes, los inmigrantes, los que tienen problemas con la vivienda, los sectores más humildes y castigados por la crisis, sufren (no en silencio) el programa de recortes sociales de quienes precisamente son autores, también, de la evasión de miles de millones de euros fuera del país. La corrupción al más alto nivel sigue sin ser corregida porque quienes tendrían que impedirla son los que más implicados están en ella. El descrédito institucional, cúspide de un peligroso iceberg, no puede ser más grave.

Los trabajadores y trabajadoras debemos seguir exigiendo, con determinación, dignidad y trabajo. Es urgente parar las peligrosas truculencias que están permitiendo a los muy ricos jugar con nuestras vidas y con la democracia.